La delgada línea entre pseudociencia y derechos constitucionales

Las iniciativas legislativas contemporáneas enfocadas en contrarrestar las prácticas esotéricas y la magia provocan debates intensos en la sociedad. La idea principal de estos proyectos de ley es que ciertos rituales y prácticas pueden afectar negativamente la seguridad informativa y psicológica de los ciudadanos, pese al claro carácter pseudocientífico de tales afirmaciones.

En el núcleo de estas iniciativas se encuentra el intento de regular aquellas manifestaciones interpretadas como una amenaza a la libertad de expresión de la voluntad y la elección consciente del individuo. Esta argumentación, aunque resulta convincente en algunos círculos, se enfrenta a la importante cuestión:

¿dónde se encuentra el límite entre frenar manipulaciones peligrosas y limitar el derecho a la libertad de culto?

El proyecto de ley no está dirigido a las organizaciones religiosas, considerando sus profundas raíces culturales e históricas, así como las garantías establecidas en la Constitución. Así, a pesar de la protección legal vigente de las organizaciones religiosas tradicionales, su propósito no puede verse vulnerado, incluso si los criterios formales del proyecto, en teoría, pudieran aplicarse a ellas.

En resumen, se puede afirmar que la lucha contra la influencia pseudocientífica continúa siendo una tarea importante, aunque los legisladores deben encontrar un equilibrio entre la regulación de prácticas peligrosas y la protección de las libertades civiles consagradas en la Constitución. En esta delicada línea se manifiestan tanto desafíos jurídicos como culturales, lo que hace que este tema sea actual y requiera un serio debate público.

¿Por qué, si en Rusia se introduce un proyecto de ley para prohibir la esotería y la magia, no se aplica una lógica similar para prohibir las religiones y la Iglesia Ortodoxa Rusa (RПЦ)?

En las iniciativas legislativas orientadas a prohibir la esotería y la magia se utiliza una argumentación basada en que estas prácticas supuestamente dañan la seguridad informativa y psicológica de la sociedad, aunque dichos argumentos tienen un marcado carácter pseudocientífico. Al mismo tiempo, en los documentos oficiales no se expresa ni existe la intención legal de prohibir las asociaciones religiosas. Según algunas declaraciones, bajo los criterios establecidos en el proyecto de ley, incluso la Iglesia Ortodoxa Rusa podría quedar fuera de la ley; sin embargo, en la práctica, las organizaciones religiosas están protegidas por normas constitucionales.

Como señala una de las fuentes, "Bajo los criterios establecidos en el proyecto de ley, la Iglesia Ortodoxa Rusa podría ser declarada ilegal. Por ejemplo, se propone perseguir a las personas responsables de la ‘bloqueo a nivel inconsciente de la libertad de voluntad del individuo, la implantación artificial de un síndrome de dependencia’" (fuente: enlace txt). Esto indica que, técnicamente, la ley podría interpretarse de manera que incluya también a las organizaciones religiosas. No obstante, otra cita enfatiza que la protección de las asociaciones religiosas está garantizada por la Constitución, la cual asegura a los ciudadanos el derecho a formar cualquier tipo de asociación, incluidas las religiosas, y a poseer los bienes correspondientes: "La Constitución, no tanto adoptada por el pueblo, sino impuesta en 1993, prefiere la formulación ‘cada uno’. El art. 28 de la Constitución garantiza a cada persona el derecho a actuar conjuntamente con otros conforme a sus creencias. El art. 35 establece que cada individuo tiene el derecho a poseer y utilizar bienes. El art. 30 garantiza a cada persona el derecho a formar asociaciones con otros. De este modo, los ciudadanos de Rusia, las personas sin ciudadanía y los ciudadanos extranjeros quedan en igualdad de condiciones para crear cualquier tipo de asociaciones, incluidas las religiosas, poseer tierras, edificaciones, templos, etc." (fuente: enlace txt).

Por lo tanto, a pesar de que los criterios del proyecto de ley permiten, en teoría, perseguir a las organizaciones religiosas, en el caso de la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras religiones tradicionales, la legislación no está orientada a restringirlas, ya que se encuentran protegidas por los derechos constitucionales y cuentan con profundas raíces culturales e históricas. El proyecto de ley se centra en combatir ciertas manifestaciones de influencia pseudocientífica, y no en atacar instituciones reconocidas por el Estado y consolidadas históricamente en la vida social.